De los 159 procesos electorales que se han realizaron entre 1978 y 2024, en 85 ocasiones los que desafiaron a quienes estaban en el poder ganaron, mientras que 61 ejecutivos que buscaban la reelección, ya sea ellos mismos o sus partidos, retuvieron el poder. Eso quiere decir que en América Latina los que gobiernan también pierden elecciones, dando cuenta de esa manera de la capacidad de alternancia de la democracia.

En relación a la competencia interpartidista a nivel presidencial, el margen de victoria promedio, es decir, la diferencia entre el primer y segundo lugar, en primera vuelta, ha sido de 12.84%. La diferencia más corta fue de 0.32% en las elecciones de 1994 y 1998 en Colombia. En cambio, la diferencia más amplia fue en la elección presidencial de Venezuela en 2018 cuando el margen de victoria fue de 46.91%. Esto no es una cuestión menor, dado que cuanto más pequeña sea esa diferencia, más competitiva es la democracia y mayor incertidumbre tienen los resultados.

En cuanto a los niveles de pluralismo de la competencia, desde fines de la década de 1970, el nivel de fragmentación se ha incrementado, pasando el número efectivo de partidos (NEP) a nivel legislativo nacional de 2 a 4.5, haciendo que la oferta política fuera más diversa y plural, según los cálculos realizados por el #ObservatorioReformas (1977-2023).

Las candidaturas desafiantes han ganado las elecciones presidenciales en todas las décadas observadas. Por ejemplo, en el periodo que va de 1978 a 1990, 75% de las elecciones presidenciales fueron para las y los candidatos desafiantes. Esta cifra disminuyó en la década siguiente, donde el 53.1% de los comicios presidenciales fueron ganados por candidaturas desafiantes. En tanto, en el periodo de 2001 a 2010, se incrementó a 57.9% las elecciones ganadas por candidaturas desafiantes. Por último, en el periodo 2011 a 2023 el 57.14% de las elecciones fueron para los desafiantes.

La mayoría de los gabinetes de los Poderes Ejecutivos de 18 países de América Latina desde 2014 se han caracterizado por el predominio de hombres (272, 71.2%) frente a mujeres (110, 28.82%). Sólo en 2021, de los 382 cargos ministeriales registrados, 272 eran hombres (71.2%) y 110 mujeres (28.8%).

De 123 partidos políticos relevantes, es decir, que tienen fuerza electoral, capacidad de gobierno y/o de coalición en 18 países de la región, sólo 19 partidos están liderados por una mujer (Presidencia o Secretaría General del partido).

La evaluación de 54 modelos organizativos de género en los partidos políticos relevantes en América Latina muestra que en 18.52% de ellos las mujeres cuentan con un movimiento autónomo; 33.33% con un modelo organizativo burocrático y 11.11% tienen modelos organizativos mixtos. Los datos evidencian que un porcentaje alto de los partidos (37.04%) no mencionan en sus Estatutos ningún tipo de estructura específica dedicada a la promoción de la participación y/o la representación de las mujeres en países tan diversos como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.

La asociación entre institucionalización partidaria y los modelos organizativos muestra que los partidos que cuentan con estructuras autónomas (como Movimientos de Mujeres) como donde no hay estructura establecida formalmente son los más jóvenes con promedios de 51.40 años y 48.85 años, respectivamente. Les sigue el grupo de partidos que cuentan con un modelo organizativo burocrático con 63.66 años y, finalmente, está el grupo de partidos con estructura mixta que es el más longevo con 98 años. 

De 37 partidos con representación legislativa de mujeres igual o menor al porcentaje promedio (6.66%) durante un primer periodo legislativo en alguno de los 16 países analizados,  24 de ellos cuentan con algún modelo organizativo de género (diez burocrático, nueve autónomos y cinco mixtos), mientras que 13 partidos no cuentan con ninguno. Al analizar los 17 partidos con representación descriptiva de mujeres superior al promedio en el primer periodo legislativo, se encuentra que uno cuenta con un modelo organizativo autónomo, uno más tiene modelo mixto, ocho burocrático y siete no tienen ningún modelo organizativo de género.  Los 21 partidos con representación descriptiva de las mujeres mayor al promedio cuentan con diferentes modelos organizativos de género, por lo que los datos no permiten vincular al modo en los partidos se organizan y el número de mujeres electas.

Al analizar las reglas que fijan el modo en que los partidos deben seleccionar autoridades entre 1983 y 2023, se observa que solo en 27% de 40 leyes electorales y/o partidistas analizadas se hace mención explícita a la democracia interna, lo cual contrasta con el 57.5% que señala que la selección de dirigencias debe efectuarse mediante el mecanismo de elecciones.

Los partidos que cuentan con más mujeres electas en los cargos de representación popular a nivel legislativo compiten en sistemas donde los regímenes electorales de género para registrar candidaturas exigidas son más fuertes (IFREG igual a 5). Esto evidencia que hay una relación positiva entre el diseño institucional y la política de la presencia.

Las mujeres tienen mejores oportunidades electorales en los partidos de izquierda cuya ideología favorece la representación de grupos históricamente excluidos y con quienes los movimientos feministas tienen lazos más cercanos (Htun, 2005), aun cuando ser partido de izquierda no está vinculado con un modelo organizativo de género específico.

Desde 1978, se han realizado 46 cambios en las reglas de inscripción de partidos en 17 países; identificándose al menos dos tendencias: una orientada a defender que los partidos son entes privados (Brasil, Colombia y Perú) mientras que el resto destaca que los partidos son entes públicos y que por tanto el Estado puede regular su vida interna y el modo en que deberían organizarse y tomar decisiones.

Otra de las áreas también reformadas ha sido la del financiamiento y fiscalización de la política, uno de los temas más polémicos y con más interés por las consecuencias que la misma tiene sobre las percepciones de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la democracia. El sentido de las reformas ha ido orientado predominantemente hacia modelos mixtos, bajo la idea de que son los que mejor contribuyen a la equidad de la contienda. Respecto a la financiación pública, la predominante es la directa, que comprende criterios de distribución, barreras de entrada, porcentajes condicionados y periodos y momentos de entrega, entre otros. De acuerdo con el #ObservatorioReformas, de dieciocho países de la región, quince cuentan con mecanismos de financiamiento público mediante los cuales el Estado otorga recursos a los partidos políticos para sus actividades. Únicamente Bolivia y Venezuela conservan esquemas eminentemente privados, mientras que el resto han transitado a modelos mixtos. De estos casos, sólo en cinco se otorga financiamiento partidista para actividades electorales, es decir, que pueden ser utilizados durante periodos de campaña política y para la difusión de acciones proselitistas por candidaturas. Mientras que, en diez, el Estado realiza aportaciones para el sostenimiento de las actividades ordinarias, que comprenden la manutención de sus estructuras burocráticas y sus actividades cotidianas de propaganda, investigación, capacitación y formación política.

Si bien la financiación privada se permite en la totalidad de países de América Latina, ésta se encuentra sujeta a ciertas regulaciones, que van variando de país en país (Ferreira Rubio, 2004: 45). Aun con ello, algunos de estos países establecen restricciones sobre el origen de las aportaciones privadas, como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, donde se prohíbe la financiación por entidades como empresas, organizaciones políticas, sociales e iglesia (Estrada Ruiz y Valdés Zurita, 2019). En esta línea de reformas inclusivas, uno de los elementos más interesantes y recientes en materia de reformas tiene que ver con la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento de los partidos. Dado que las mujeres políticas enfrentan más obstáculos que los hombres cuando quieren hacer política y que no suelen acceder a las redes de financiación ni tampoco a los recursos específicos que reciben los partidos, los Estados han incorporado medidas específicas que funcionan para diferentes áreas relacionadas con la participación de las mujeres. En este sentido, América Latina ha dado algunos pasos importantes en la regulación pública con enfoque de género, y esas reformas pueden sistematizarse en cuatro grupos: a) financiamiento para capacitación y fortalecimiento de liderazgo de las mujeres (Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá); b) financiamiento para promoción de liderazgos en medios de comunicación de masas, incluyendo como en Brasil franjas gratuitas en medios (mínimo 10%); c) financiamiento “plus” a los partidos por tener candidatas electoralmente exitosas (Colombia y Chile), y d) financiamiento para actividades concretas sobre igualdad y diseño de políticas públicas 

10 países de la región han impulsado reformas en materia de financiamiento público etiquetado con perspectiva de género, buscando impulsar estrategias para mejorar las condiciones de participación y representación política de las mujeres.

Las reformas paritarias a nivel subnacional han sido exitosas en la elección de mujeres y que cuanto mayor es el número de legisladoras, mayor es la proporción de mujeres dirigiendo las legislaturas, participando en comisiones de todo tipo (duras y blandas) y en el uso del lenguaje inclusivo. Una mayor presencia de mujeres implica también un mayor número de iniciativas presentadas por mujeres (más de 10%), mayor capacidad de materializarlas en comparación con la que tienen los hombres (31% vs. 29%) y una mayor aprobación de iniciativas consideradas feministas. Todo ello supone avances claves en la democratización del país. La investigación realizada señala que hay aún retos. Las mujeres presiden más comisiones blandas (género, bienestar) que duras (economía, seguridad); no consiguen ejercer el poder ni controlar recursos en condiciones de igualdad con los hombres; los Congresos siguen generizados y, a pesar del incremento de las iniciativas feministas, estas siguen siendo pocas (16.6% de las 24,397 iniciativas presentadas). La agenda continúa privilegiando los intereses masculinos mientras que los intereses de las mujeres se representan cuando no desafían valores establecidos y se integran dentro de las prioridades del partido gobernante. En resumen, aún queda mucho por hacer para que la presencia se convierta en influencia con la intención de reducir las desigualdades de género que viven las entidades federativas mexicanas.